Pekín prohíbe el acceso a la región con el argumento de que los turistas sufren mal de altura, en el aniversario de la revuelta de 1959

Los tibetanos recuerdan durante este mes dos fechas claves de su calendario: la revuelta que iniciaron el 10 de marzo de 1959 contra las tropas de la República Popular China (RPC) -que controlaban ese territorio montañoso desde la ofensiva militar que lanzaron nueve años antes- y el día 17, que marca la jornada del mismo año en la que el Dalai Lama huyó a la India, donde permanece desde entonces en el exilio.

Consciente de que marzo ha sido el escenario de otras graves protestas inspiradas por la original y recurriendo a una práctica común a lo largo de los últimos años, Pekín ha decretado el cierre de esa región a los turistas extranjeros hasta el próximo 1 de abril.

El secretario local del Partido Comunista Chino (PCCh), Wu Yingjie, justificó las restricciones hace días con una curiosa argumentación: se han aplicado estas medidas "para garantizar la seguridad" de los turistas, ya que "algunos visitantes sufren mal de altura". "Muchos extranjeros nos han agradecido nuestra preocupación", agregó.

Ningún periodista local instó al funcionario a explicar cómo habían afrontado los visitantes foráneos esa supuesta problemática desde hace décadas, ya que la elevación de Lhasa y de sus alrededores no ha cambiado en estos últimos tiempos.

Organizaciones como la Campaña Internacional por el Tíbet de Washington opinan por el contrario que esta decisión "forma parte de la política general del Gobierno de China de restringir el acceso al Tíbet a los observadores independientes, con el objetivo de mantener un control férreo sobre la región y, al mismo tiempo, evitar cualquier forma de escrutinio externo".

La intervención de Wu Yingjie se produjo en el marco de la reunión anual del Parlamento chino que se desarrolla en Pekín, una cita que, al coincidir con el doble aniversario tibetano, ha incidido en la implementación de un dispositivo de seguridad extremo en el enclave montañoso, según han informado los tibetanos que residen en el extranjero.

La República Popular China anunció recientemente un nuevo plan para flexibilizar la entrada de los turistas al Tíbet, después de la Administración estadounidense aprobara una normativa en diciembre pasado en la que exigía que se facilitaran este tipo de viajes so pena de imponer sanciones a los funcionarios chinos implicados en las medidas coercitivas.

El objetivo de Pekín es conseguir alcanzar la cifra de 40 millones de visitantes extranjeros durante este año, frente a los 30 millones que contabilizó en 2018. El turismo representa un referente clave en el esfuerzo de las autoridades chinas por fomentar el desarrollo de esa región, cuya economía creció un 10% en 2018, según las cifras oficiales, muy por encima de la media de la RPC.

Según los datos divulgados a finales de enero, el Tíbet lleva 26 años consecutivos creciendo con cifras de dos dígitos en una espiral fomentada por "la mejora de las infraestructuras y el boom del turismo", como escribía el diario Global Times. Pekín estima que la mejora de la calidad de vida es un argumento central para intentar erradicar cualquier simpatía de la población nativa hacia el Dalai Lama, aunque ello no es óbice para que sus fuerzas de seguridad también mantenga un control absoluto sobre villas como Lhasa, que presentan como la ciudad "más segura" de la República China.

La supresión del sentimiento nacionalista conlleva asimismo una vigilancia exhaustiva de las prácticas religiosas. En una admisión inusual, el alcalde de Lhasa, Go Khok, aclaró esta semana que las autoridades habían limitado durante el año pasado las actividades vinculadas a la fe budista para "eliminar la influencia negativa que ejerce el Dalai Lama a través de la religión".

Los responsables locales del PCCh emitieron un vídeo el pasado mes de enero en el que denunciaban a militantes de "dos caras", a los que acusaron de mantener sus creencias religiosas y, por tanto, sus "simpatías separatistas", en expresión del citado Global Times.

La grabación aludía a varios casos de cargos tibetanos del PCCh que habían sido expulsados de la formación al descubrirse que tenían "objetos ilícitos", la terminología oficial que se dedica a la parafernalia budista. "Tenemos que librar una batalla con el Dalai Lama y su grupo. Si algún miembro del PCCh tiene una actitud equivocada sobre este tema es un problema grave", alertaba la emisión, que confirmó el acecho que enfrenta la población local, incluidos los propios aliados de Pekín.

El citado Wu Yingjie también arremetió contra el Dalai Lama, de quien dijo que "no ha traído nada bueno al pueblo tibetano desde que desertó". "A pesar de que existe algún apoyo hacia él en el extranjero, los tibetanos se sienten muy agradecidos por la prosperidad que les da el Partido Comunista Chino", añadió.

Pese a que el principal referente del budismo tibetano se ha pronunciado contra la independencia del Tíbet y aboga por la coexistencia con China, Pekín sigue considerando que es un "separatista" y "un lobo con túnica de monje", como le definieron en el pasado.

Conocido por su anticipación a la hora de preparar el futuro, el Partido Comunista Chino pretende apropiarse de la herencia del dirigente religioso, y son muchos los analistas que anticipan que Pekín recurrirá a sus aliados budistas locales para designar a su sucesor, provocando un previsible cisma en el seno de esta comunidad cuando el sector en el exilio nombre a su nuevo líder espiritual.