El Ministerio del Interior se ha movido con rapidez para retocar un artículo de la reforma de la ley que limita la llamada justicia universal, que previsiblemente será aprobada el próximo jueves en el Congreso. La redacción inicial impedía, o al menos dificultaba mucho, la posibilidad de que la policía asaltara barcos cargados con droga en aguas internacionales. Gracias a la nueva redacción, Interior considera que la aprehensión de narcobarcos seguirá siendo factible.

El pasado 17 de enero, el portavoz del PP cursó en el Congreso una proposición para modificar la ley orgánica del Poder Judicial de julio de 1985, relativa a la justicia universal, hasta prácticamente dejarla en nada. La iniciativa únicamente cuenta con el respaldo del partido que sustenta al Gobierno de Mariano Rajoy. Ningún otro grupo apoyará esta reforma exprés que busca acabar con los conflictos diplomáticos derivados de la persecución de delitos fuera de territorio español, sobre todo el surgido recientemente con China por la investigación del genocidio en Tíbet. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, ha admitido sin ambages que su interés es eliminar la justicia universal porque “solo provoca conflictos”.

El Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, ha aceptado tramitar esta reforma legislativa mediante una vía parlamentaria que permite eludir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. El texto del PP es tan restrictivo que limita la incautación de droga en alta mar, la lucha contra la ablación del clítoris que sufren mujeres fundamentalmente africanas, y la pederastia. Además, obligará a archivar decenas de sumarios judiciales, como el relativo a la muerte del cámara de Tele 5 José Couso, en 2003 en Irak, por disparos de soldados de Estados Unidos.

Tanto partidos de la oposición como grupos de juristas creen que la modificación legislativa abrirá espacios de impunidad que dificultarán la investigación de graves delitos de crimen organizado internacional como el narcotráfico, y dejará desprotegidas a mujeres víctimas de mutilación genital o que sufren explotación sexual.

Muchos de los colectivos afectados por la reforma legislativa la han criticado abiertamente, pero han sido incapaces de organizarse y hacer un frente para frenarla. Sin embargo, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), dependiente del Ministerio del Interior, alertó a sus jefes de que el proyecto del PP impediría la captura de barcos del narcotráfico en alta mar. “Estaba redactado de tal forma que dejaba abierta la posibilidad de que un abogado astuto de una red criminal echara por tierra una operación policial”, explica a EL PAÍS una fuente del CICO.

El proyecto del PP establecía que la policía, la Guardia Civil o el Servicio de Vigilancia Aduanera sólo podrían asaltar y aprehender en aguas internacionales una embarcación con drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes cuando “el procedimiento se dirija contra un español, cuando el delito se hubiera cometido a bordo de una nave que hubiera sido abordada o inspeccionada por las autoridades españolas con autorización del Estado de su pabellón y lo autorice expresamente un acuerdo o arreglo regional o bilateral, y cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español”.

El confuso y abstruso redactado de la norma venía a suponer que tan solo podría ser asaltado un barco si se deban todas las premisas contenidas en ella. Sobre todo, si a partir de ahora se requeriría “la autorización expresa del país cuya bandera enarbola un barco” o bien la existencia de un acuerdo bilateral entre España y ese país. Y es que muchas de las más de 50 naves que han sido asaltadas en aguas internacionales por los GEO de la policía en sus 35 años de historia lo han sido sin la autorización expresa de los países cuyos pabellones nacionales lucían los barcos.

La mayor parte de los barcos del narcotráfico utilizan banderas de conveniencia o son simplemente piratas con pabellones falsos o de pequeños países con los que no hay ningún convenio bilateral. “Lo que suele hacer la policía es comunicar con el país cuya bandera enarbolan y solicitar permiso para asaltarlo. Si el país en cuestión no contesta en 24 horas, tomamos el barco. Hay reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo español que avala este procedimiento aun reconociendo que es un procedimiento irregular”, asegura una fuente del CICO.

El Ministerio del Interior y el de Justicia han retocado el artículo legal elaborado por el PP, de forma que no se exija la concurrencia de todas las condiciones que imponía el borrador inicial, sino que solo es preceptivo que se de una de ellas para poder tomar un barco al abordaje. Basta así, por ejemplo, con que la nave haya sido “inspeccionada” por las autoridades españolas.

Fuentes de Interior creen que la nueva redacción del artículo referido a la captura de barcos de la droga saldrá adelante en el Congreso sin dificultades. Consideran también que está acorde con lo que el Grupo Popular establece en la exposición de motivos de la reforma legislativa: “Que la extensión de la jurisdicción nacional fuera de las propias fronteras, adentrándose en la soberanía de otro Estado, debe quedar circunscrita a los ámbitos que, previstos por el derecho internacional, deben ser asumidos por España en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos”.