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Human Rights Watch: China: Aumentan las expulsiones arbitrarias de tibetanos de Lhasa

Human Rights Watch: China: Aumentan las expulsiones arbitrarias de tibetanos de Lhasa

Un operativo de seguridad sin precedentes en Lhasa se enfoca en los tibetanos de las áreas de protesta

 
NuevaYork. 20 de Junio de 2012 - Varios cientos de tibetanos de la zona oriental de la meseta tibetana que viven en Lhasa, la capital de la Región Autónoma del Tíbet (RAT), han sido arbitrariamente expulsados de la ciudad como parte de un drástico operativo de seguridad, Human Rights Watch señaló hoy. La medida parece haber sido tomada en respuesta a un incidente del 27 de mayo de 2012, en el que dos manifestantes tibetanos del este del Tíbet se prendieron fuego frente al famoso templo Jokhang de Lhasa.
 
Desde el incidente de Jokhang, las fuerzas de seguridad en Lhasa han aumentado las medidas de verificación de identidad en las calles de la ciudad. Los tibetanos de las áreas donde las recientes protestas han tenido lugar, en el este del Tíbet, han sido obligados a abandonar no solo la capital, sino también la RAT. No existe conocimiento de que los expulsados hayan sido acusados ​​de delito alguno, y no hay informes hasta la fecha de personas expulsadas que no hayan sido tibetanas.
 
"Esta expulsión arbitraria de personas por su origen étnico o lugar de nacimiento es claramente discriminatoria y viola sus derechos fundamentales a la libertad de circulación y de residencia", dijo Sophie Richardson, directora de China de Human Rights Watch. "Las autoridades de Lhasa deben explicar estas medidas extremas y estar conscientes de que si continúan las restricciones arbitrarias es probable que aumenten las tensiones en la región".
 
Informes en medios de comunicación social y de testigos presenciales que fueron compartidos con Human Rights Watch indican que las autoridades chinas han impuesto ahora una serie de restricciones al movimiento dentro y alrededor de Lhasa, que incluyen tanto las expulsiones como la prohibición de reuniones públicas de más de tres personas en la ciudad. Esto ha conllevado la cancelación de actividades de grupo cotidianas, tales como los ejercicios físicos que normalmente se llevaban a cabo frente al Palacio de Potala en Lhasa, según una fuente en el Tíbet con conocimiento directo de los hechos.
 
Human Rights Watch dijo que las expulsiones no tienen precedentes porque incluyen  a tibetanos que tienen permisos legítimos para vivir y trabajar en Lhasa y que han estado operando sus negocios en este lugar durante años. A partir de 2008, otras campañas de expulsión alrededor de fechas sensibles se han centrado solo en los que no tienen permiso para permanecer en Lhasa. Entre los que son objeto de estas expulsiones se encuentran tibetanos con permisos válidos de residencia temporal (zanzhuzhengin en chino; gnas sdod lag khyerin en tibetano) para permanecer en la ciudad.
 
Los expulsados ​​no han sido acusados ​​de ningún delito, no se cree que tengan antecedentes de actividad política, y no tienen ninguna conexión conocida con los manifestantes que participaron en las inmolaciones recientes, aparte de haber nacido en el este del Tíbet.
 
El 30 de mayo de 2012, Hao Peng, un subsecretario de partido en RAT, instruyó a todos los funcionarios en la región que, debido a que "la actividad de sabotaje de la camarilla del Dalai Lama nunca ha cesado" deben "reforzar especialmente el control de áreas clave, [y] fortalecer la la gestión de servicio de personal clave, incluyendo la población flotante", un término usado a veces para referirse a los residentes temporales e inmigrantes de otras provincias o áreas de la meseta tibetana.
 
El operativo para expulsar a la gente de Lhasa se ha enfocado, en particular, en los tibetanos de las áreas donde ha habido disturbios recientemente, en particular, Aba (NgabaI en tibetano), en la provincia de Sichuan, donde al menos 26 personas se han prendido fuego en protesta contra el dominio chino desde Marzo de 2011, y Labrang, una zona tibetana en la provincia de Gansu, que fue el lugar de nacimiento de uno de los tibetanos que se auto inmoló en Lhasa el 27 de mayo de 2012. Algunos informes sugieren que los tibetanos de la provincia de Yunnan, donde no ha habido protestas políticas, no se encuentran entre los que están siendo expulsados ​​de Lhasa.
 
En junio de 2012, una fuente en Lhasa dijo a Human Rights Watch: "Después de que los dos amdowans [tibetanos de la zona noreste del Tíbet] se auto inmolaron en Lhasa en mayo, Lhasa empezó a expulsar a todos los amdowans. No importaba si estos amdowans habían vivido en Lhasa durante años o estaban haciendo negocios en este lugar, ninguno de ellos podía permanecer en Lhasa, excepto los que contaban con una carta de garantía de la Oficina de Seguridad Pública en su domicilio de origen y una de su gobierno del condado. Sus casas son registradas todos los días por la policía y muchas personas ya han sido expulsadas". Organizaciones tibetanas de exilio en India y estaciones de radio con sede en Estados Unidos en idioma tibetano han informado de que varias personas en Lhasa asociadas con los dos hombres que se auto inmolaron el 27 de mayo de 2012 han sido detenidas.
 
Dos tibetanos más, ambos del este del Tíbet, se han auto inmolado desde la protesta del 27 de mayo en Lhasa. Uno de ellos era una mujer de unos treinta y tantos años del condado de Rangtang (Dzamthang en tibetano) en la prefectura de Aba, Sichuan, quien falleció el 30 de mayo, y el otro era un hombre el cual se cree que tenía unos cincuenta años y que murió el 12 de junio en el condado de Jianzha (Chentsa en tibetano) prefectura de Huangnan (Malho en tibetano) Qinghai.
 
Después de los disturbios a gran escala en Lhasa en marzo de 2008, las autoridades de RAT han indicado que consideran a los residentes no permanentes de la capital como el mayor riesgo para la estabilidad social, ya que es más difícil vigilarlos y controlarlos que los residentes permanentes.
 
Las autoridades de Lhasa han impuesto estrictas medidas de seguridad destinadas a evitar las auto inmolaciones, un acto simbólico de desafío que socava la afirmación del gobierno de que los tibetanos están agradecidos por las políticas chinas en el Tíbet y que la situación es "estable". Miembros de la Policía Armada Popular (PAP) han estado permanentemente instalados en el centro de Lhasa, y en las fechas consideradas políticamente delicadas se posicionan francotiradores en los tejados alrededor del templo Jokhang. Agentes de la PAP patrullan con frecuencia llevando con ellos extintores de incendios, y todos los tibetanos que llegan a la capital son objeto de una estricta revisión.
 
"Las autoridades de Beijing deben entender que la solución a los problemas del Tíbet no implica más tropas ni restricciones discriminatorias", dijo Richardson. "Únicamente se puede encontrar en el respeto de los derechos de los tibetanos".

 

Data noticia: 
Dimecres, 20 Juny, 2012
Tipus: 
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