El pleno de la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha ratificado este miércoles el archivo de las dos investigaciones que se seguían en la Audiencia Nacional contra las antiguas cúpulas dirigentes de China –el genocidio en el Tíbet y la persecución del grupo religioso Falun Gong-. Con su decisión, el Supremo entierra definitivamente una investigación que provocó la protesta del Gobierno chino ante las autoridades españoles. El archivo decidido en su día por la Audiencia Nacional, según el Supremo, fue correcto de acuerdo con la ley que limita la llamada justicia universal, es decir la capacidad de los jueces españoles de investigar delitos de lesa humanidad cometidos en el extranjero. La ley fue aprobada de urgencia por el Gobierno del PP presionado por China. El pleno del Supremo rechaza así la solicitud de grupos de defensa de los derechos humanos que recurrieron para que la investigación continuara adelante..

La reforma del PP de la Ley Orgánica del Poder Judicial restringía la persecución que pueden llevar a cabo los jueces españoles fuera de sus fronteras a que los autores de los delitos sean españoles, extranjeros con residencia habitual en España y personas a las que España no haya denegado la extradición. Las causas sobre Falun Gong y el Tíbet, salvo que el Supremo determine lo contrario al interpretar los convenios que ha firmado España, deberían permanecer archivadas, ya que los imputados, todos de nacionalidad china, con cumplen los criterios de competencia.

En febrero de 2014, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó la detención del expresidente del gigante asiático Jiang Zemin, de 88 años, y al ex primer ministro Li Peng, de 86, entre otros miembros de la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh), por el genocidio en el Tíbet. En la causa también estaba imputado el anterior presidente chino, Hu Jintao.

En relación con el caso de Falun Gong, Moreno instruía una querella interpuesta en 2004 por 15 víctimas de la represión que sufrieron los miembros de este grupo desde 1999. El procedimiento, que fue avalado en junio de 2006 por el Supremo, se dirigía, entre otros, contra el actual presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, Jia Qinglin, secretario del Comité Municipal de Pekín entre 1997 y 2002.

La decisión que adopte el pleno de la Sala de lo Penal generará jurisprudencia sobre el alcance de la nueva justicia universal. Precisamente, la decisión del Gobierno de modificar la ley, a través de una proposición no de ley del PP, fue consecuencia, entre otros motivos, de las presiones diplomáticas ejercidas por China, país que posee el 20% de la deuda externa española.